El tendedero

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lunes, 24 de marzo de 2014

QUINTO PODER: Gaby y la in-justicia para las mujeres.

QUINTO PODER

Gaby y la in-justicia para las mujeres.

Argentina Casanova

El caso de Emma Gabriela (Gaby) Molina Canto no ha recibido la difusión que en su momento tuvo el de Yakiri por varias razones; entre ellas que ocurrió en una entidad –lejos del centro del país- donde las cosas se silencian hasta naturalizarlas. Otra de las razones posibles es que a diferencia de Yakiri, el agresor está vivo y hasta ahora se ha salido con la suya, eso sí, ayudado por la justicia mexicana. Sí, la misma justicia a cuyo nombre la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió un reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el reconocimiento que emite el organismo  internacional en materia de derechos humanos.
Además del escenario de injusticia hay otras cosas tiene en común el caso de Emma Gabriela con el de Yakiri, la más importante. es el juez que lleva el proceso. Sí, sorprendentemente y aunque el hecho corresponde a un proceso que inició por un litigio de custodia, el caso derivó magistralmente en una denuncia presentada contra Emma Gabriela ante el juzgado 68 de lo penal. Sí, aunque parezca insólito, la Justicia en México es pronta y expedita cuando de juzgar a las mujeres se trata. Más si quienes las acusan son los esposos, mucho más si está de por medio la custodia y muchísimo más si atreven a defenderse.
El caso de Emma, que inició con un proceso por la custodia de sus hijos emprendida ante una juez de lo familiar en Yucatán, fue la gota que derramó el vaso de la violencia que ya venía recibiendo por parte de su esposo. Quienes trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y la prevención y atención de la violencia saben muy bien que nunca está más en riesgo una mujer que justo cuando decide romper el ciclo de la violencia y este caso lo evidencia.
Cuando Emma dejó Tabasco atrás, donde vivía con su esposo, y retornó a Yucatán y obtuvo la custodia de sus hijas e hijo, los cuales tuvo hasta el momento en el que en un operativo por demás ilegal la sorprenden y se los quitan, pero eso no fue suficiente, fue acusada del robo de la camioneta que era propiedad de una empresa del esposo.
Lamentablemente el hecho es algo común también, así operan cuando sienten que han perdido el control y las acusan de robo, les quitan a los hijos para chantajearlas, les quitan propiedades y las denuncian para que en complicidad con “la autoridad” las terminen por quebrar emocionalmente. Pero en el caso de  Emma no les bastó y la retuvieron por 4 meses en la cárcel, en un proceso plagado de irregularidades que solo podía ocurrir en un estado cuyo gobernador fue acusado de fraudes millonarios con todo su equipo de colaboradores, entre los que se encontraba el esposo de Emma Gabriela.
Pero no fue suficiente, apenas logró su libertad Emma Gabriela, con el pago de una fianza, para entonces el padre de los niños y su acusador había obtenido en un proceso “exprés” la custodia de las 2 niñas y el niño. El resto fue una pesadilla, a ella le fabricaron otro delito, ahora en el Distrito Federal: fraude equiparado.
Ligia, la madre de Emma Gabriela no ha dejado de luchar un solo día para probar la inocencia de su  hija que hoy permanece escondida ante la orden de aprehensión, bajo el terror de no regresar a la cárcel, y con el anhelo de buscar y recuperar a sus hijos que hasta el día de hoy nadie sabe dónde están y dónde los tiene el padre de los pequeños.
La madre, una mujer jubilada, ha acudido ante todas las instancias. Aprendió a usar redes sociales, apoyada por la defensora de derechos de las mujeres Adelayda Salas, en Yucatán, ha emprendido una campaña por los derechos de Emma Gabriela, que ha buscado hacerse escuchar en medio de otros casos que reciben más atención mediática.
Doña Ligia, cansada, ojerosa y desesperada por ratos con lágrimas en los ojos cuenta la historia, habla y pide ayuda, clama por la justicia para su hija cuyo único delito ha sido amar a sus hijos y pelear por ellos, y haberse casado con un hombre que en medio de los hechos ilícitos que ocurrieron en Tabasco, encontró el escenario ideal para poner a la justicia de su lado –nada nuevo cuando se trata de controversias entre esposos y esposas-. Ella narra: dijeron que mi hija –el mismo día que aún estaba en la cárcel en Tabasco-, contactó gente y robó dinero. Que ella y otra persona robaron dinero, que se encontraron en un café en el Distrito Federal, y que mi hija vive en el Distrito Federal. ¿Y qué juez cree que es? El mismo que encarceló a Yakiri Rubí Rubio Aupart. Ese mismo juez (Santiago Ávila Negrón, Juez Sexagésimosexto de lo Penal). El expediente de mi hija es el 96/2013”, explica.
El miedo está latente en Emma Gabriela, permanece aislada por temor a volver a la cárcel, sin contacto con su familia ni amigos y bajo la tortura de no saber dónde están sus hijos desde que le fueron arrancados, porque él, su esposo tenía de su lado todo el poder y el apoyo de un Estado para mover la justicia a su voluntad, lo suficente para mandarla 4 meses a la cárcel y promover una denuncia ante el DF ante un juez –hoy polémico- que garantizaba lo que caracteriza al sistema de justicia en México, efectividad contra las mujeres y en la violación de sus derechos humanos.
La causa está en Avaaz.org, se mueve en twitter con el HT #libertadaGaby y la información es difundida por la cuenta @adelitadecholul que administra la propia madre de EmmaGabriela.


miércoles, 12 de marzo de 2014

Los derechos de las mujeres y el CNPP

QUINTO PODER

Los derechos de las mujeres y el CNPP

Argentina Casanova

Es torpeza errar, pero muestra sabiduría corregirlo… afirma un dicho popular que encierra gran sabiduría y este es el caso para la solicitud que realizó el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y su Asamblea de 20 organizaciones de la sociedad civil de todo el país, y otras que se han sumado al conocerla, en una carta enviada al Presidente de la República para revisar y modificar algunos artículos que claramente violentan los derechos de las mujeres y que con el antecedente de la escasa visión del sistema judicial en México para procurar y administrar justicia con perspectiva de género, es más lo que se teme.

En lo que se refiere a derechos de las niñas y mujeres, como en general con los derechos humanos, México ha demostrado que no podemos confiar en las buenas voluntades y todo ha de ponerse por escrito y garantizarse a través de los mecanismos de protección de los derechos, esa es la causa de preocupación de organizaciones de la sociedad civil que saben que dejar en manos de juzgadores o juzgadoras la posibilidad de dejar a criterio las excepciones del principio de publicidad no garantiza la “lógica” de proteger a las niñas/adolescentes o mujeres víctimas de violencia sexual.
Hoy día es común que las víctimas de delitos sexuales sean sometidas a revisiones que victimizan, procesos que cansan, preguntas que están claramente orientadas a cuestionar “el estilo de vida de la víctima” y sobran las veces que les preguntan si ellas no lo provocaron. Y en lo que se refiere a publicidad, sobran las veces que se “filtra información” sobre los nombres de las víctimas a los medios de comunicación y/o los datos son manejados sin ninguna consideración o protección cuando se trata de niñas o niños.
Ya desde que se empezó a hablar de los “acuerdos reparatorios” y la ignorancia de los jueces, ministerios públicos o pretendido desconocimiento conduce a las mujeres víctimas de violencia a los “acuerdos de conciliación” en los que se pasa por alto la disposición contenida en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia (artículo 8, fracción IV), y se echa por la borda toda los principios de los tratados internacionales y estudios que avalan que una víctima de violencia familiar jamás podrá encarar un proceso en igualdad de condiciones con su agresor con el que además tiene un vínculo emocional.
Siendo la violencia de género contra un gran porcentaje de la población que se traduce en feminicidios, violaciones, agresiones, violencia física y emocional en los todos los ámbitos, es inaudito que se generalice y omita en el Código Nacional de Procedimientos Penales y no se establezca dentro de las medidas alternas, la excepción para estos delitos que al igual que los considerados como graves (secuestros, tortura, etc) por lo cual se niega este beneficio al imputado en los países donde actualmente funciona el Sistema Penal Acusatorio.
Una vez más el sistema de justicia en México, con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales deja muy claro que las víctimas de los delitos no forman parte de su preocupación fundamental, pues se deja en vulnerabilidad especialmente a las mujeres al considerar que deben emprender los procesos aportando pruebas cuando en la mayoría de las veces no están en condiciones físicas y anímicas para hacerlo.
Pero por si esto no fuera suficiente y bastara un poco de sentido común para visualizarlo, el Código Nacional no considera como delito grave la violencia sexual ni el feminicidio, una vez más dejando a criterio de los juzgadores –lo cual es altamente preocupante, considerando el escenario nacional- para determinar si los casos se someten a juicios abreviados. Con tanta resistencia que persiste aún entre personas que trabajan en los Tribunales y en los juzgados con respecto al delito de feminicidio, no se requiere mucha imaginación para saber cuál será la postura en estos hechos.
El derecho a un juicio se puede violentar con la consideración del Juicio Abreviado a petición del MP, siempre que el acusado reconozca la comisión del delito, ya que en gran medida la reparación del daño empieza por el derecho de las víctimas a ser escuchadas.
Y por último siguiendo con esa falta de voluntad, dejar a criterio de los estados la responsabilidad de implementar Protocolos de investigación para los delitos cometidos contra las mujeres nos pone en un escenario similar al que hoy tenemos en el que pese a la obligatoriedad para algunas entidades, son mayoría aquellas que no disponen de Protocolos en Feminicidio, Violencia sexual y/o desaparición de personas y que precisamente por ello no ejecutan una investigación de la forma adecuada.
Ahora el Ejecutivo tiene la oportunidad de corregir el Código Nacional promulgado, y con ello realmente mostrar interés en las observaciones de la sociedad civil, pero también en el respeto a los derechos de las mujeres.