El tendedero

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lunes, 24 de marzo de 2014

QUINTO PODER: Gaby y la in-justicia para las mujeres.

QUINTO PODER

Gaby y la in-justicia para las mujeres.

Argentina Casanova

El caso de Emma Gabriela (Gaby) Molina Canto no ha recibido la difusión que en su momento tuvo el de Yakiri por varias razones; entre ellas que ocurrió en una entidad –lejos del centro del país- donde las cosas se silencian hasta naturalizarlas. Otra de las razones posibles es que a diferencia de Yakiri, el agresor está vivo y hasta ahora se ha salido con la suya, eso sí, ayudado por la justicia mexicana. Sí, la misma justicia a cuyo nombre la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió un reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el reconocimiento que emite el organismo  internacional en materia de derechos humanos.
Además del escenario de injusticia hay otras cosas tiene en común el caso de Emma Gabriela con el de Yakiri, la más importante. es el juez que lleva el proceso. Sí, sorprendentemente y aunque el hecho corresponde a un proceso que inició por un litigio de custodia, el caso derivó magistralmente en una denuncia presentada contra Emma Gabriela ante el juzgado 68 de lo penal. Sí, aunque parezca insólito, la Justicia en México es pronta y expedita cuando de juzgar a las mujeres se trata. Más si quienes las acusan son los esposos, mucho más si está de por medio la custodia y muchísimo más si atreven a defenderse.
El caso de Emma, que inició con un proceso por la custodia de sus hijos emprendida ante una juez de lo familiar en Yucatán, fue la gota que derramó el vaso de la violencia que ya venía recibiendo por parte de su esposo. Quienes trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y la prevención y atención de la violencia saben muy bien que nunca está más en riesgo una mujer que justo cuando decide romper el ciclo de la violencia y este caso lo evidencia.
Cuando Emma dejó Tabasco atrás, donde vivía con su esposo, y retornó a Yucatán y obtuvo la custodia de sus hijas e hijo, los cuales tuvo hasta el momento en el que en un operativo por demás ilegal la sorprenden y se los quitan, pero eso no fue suficiente, fue acusada del robo de la camioneta que era propiedad de una empresa del esposo.
Lamentablemente el hecho es algo común también, así operan cuando sienten que han perdido el control y las acusan de robo, les quitan a los hijos para chantajearlas, les quitan propiedades y las denuncian para que en complicidad con “la autoridad” las terminen por quebrar emocionalmente. Pero en el caso de  Emma no les bastó y la retuvieron por 4 meses en la cárcel, en un proceso plagado de irregularidades que solo podía ocurrir en un estado cuyo gobernador fue acusado de fraudes millonarios con todo su equipo de colaboradores, entre los que se encontraba el esposo de Emma Gabriela.
Pero no fue suficiente, apenas logró su libertad Emma Gabriela, con el pago de una fianza, para entonces el padre de los niños y su acusador había obtenido en un proceso “exprés” la custodia de las 2 niñas y el niño. El resto fue una pesadilla, a ella le fabricaron otro delito, ahora en el Distrito Federal: fraude equiparado.
Ligia, la madre de Emma Gabriela no ha dejado de luchar un solo día para probar la inocencia de su  hija que hoy permanece escondida ante la orden de aprehensión, bajo el terror de no regresar a la cárcel, y con el anhelo de buscar y recuperar a sus hijos que hasta el día de hoy nadie sabe dónde están y dónde los tiene el padre de los pequeños.
La madre, una mujer jubilada, ha acudido ante todas las instancias. Aprendió a usar redes sociales, apoyada por la defensora de derechos de las mujeres Adelayda Salas, en Yucatán, ha emprendido una campaña por los derechos de Emma Gabriela, que ha buscado hacerse escuchar en medio de otros casos que reciben más atención mediática.
Doña Ligia, cansada, ojerosa y desesperada por ratos con lágrimas en los ojos cuenta la historia, habla y pide ayuda, clama por la justicia para su hija cuyo único delito ha sido amar a sus hijos y pelear por ellos, y haberse casado con un hombre que en medio de los hechos ilícitos que ocurrieron en Tabasco, encontró el escenario ideal para poner a la justicia de su lado –nada nuevo cuando se trata de controversias entre esposos y esposas-. Ella narra: dijeron que mi hija –el mismo día que aún estaba en la cárcel en Tabasco-, contactó gente y robó dinero. Que ella y otra persona robaron dinero, que se encontraron en un café en el Distrito Federal, y que mi hija vive en el Distrito Federal. ¿Y qué juez cree que es? El mismo que encarceló a Yakiri Rubí Rubio Aupart. Ese mismo juez (Santiago Ávila Negrón, Juez Sexagésimosexto de lo Penal). El expediente de mi hija es el 96/2013”, explica.
El miedo está latente en Emma Gabriela, permanece aislada por temor a volver a la cárcel, sin contacto con su familia ni amigos y bajo la tortura de no saber dónde están sus hijos desde que le fueron arrancados, porque él, su esposo tenía de su lado todo el poder y el apoyo de un Estado para mover la justicia a su voluntad, lo suficente para mandarla 4 meses a la cárcel y promover una denuncia ante el DF ante un juez –hoy polémico- que garantizaba lo que caracteriza al sistema de justicia en México, efectividad contra las mujeres y en la violación de sus derechos humanos.
La causa está en Avaaz.org, se mueve en twitter con el HT #libertadaGaby y la información es difundida por la cuenta @adelitadecholul que administra la propia madre de EmmaGabriela.


lunes, 24 de febrero de 2014

QUINTO PODER: La pobreza, ser mujer y el acceso a la justicia

QUINTO PODER
Argentina Casanova
La pobreza, ser mujer y el acceso a la justicia

Si algo es difícil de medir es la satisfacción de las personas usuarias de los sistemas de justicia en el país. Hay un consenso general de que algo no está funcionando en México y el nivel de satisfacción de los resultados es una cifra difícil, ligado en gran medida a la percepción de que el daño recibido no es reparado.
De acuerdo con el Informe de Indicadores sobre el derecho a un juicio justo del Poder Judicial del Distrito Federal, los usuarios varones del TSJDF que fueron parte de un juicio y habían tenido una sentencia, sintieron que sus daños fueron reparados en mayor medida (33.5%) en comparación con lo que expresaron las mujeres (25.3%).

En el estado de Campeche por ejemplo, en una encuesta aplicada en 2010 se obtuvo un dato importante, la percepción de las mujeres respecto a las instituciones que las atienden es que las “atienden” pero no representan una solución al problema que plantean, en el Diagnóstico 2013 de adolescentes y mujeres jóvenes el 40% de las encuestadas revela que si bien ha vivido una situación de violencia, no lo denuncia porque no sabe a dónde acudir.
Apenas hace unos días se dio a conocer de acuerdo con la Encuesta de Victimización del Inegi, el 60% de los casos que se consignan y en los que se obtiene sanción tienen que ver con éxitos menores, principalmente robos por montos menores a dos mil pesos y que corresponden a los que se cometen en tiendas de autoservicio. Algo similar a lo que ocurrió el fin de semana con la niña indígena en el estado de Guerrero, detenida por elementos de policía turística que acudieron al llamado del personal de la empresa. En contraparte, si una persona de escasos recursos, indígena, morena y/o de la zona rural o marginada de las ciudades, presenta una denuncia las posibilidades de que el hecho sea investigado y obtenga una sentencia  favorable son muy remotas.
Y nuevamente el balance es: ser pobre, ser mujeres y ser víctima aleja de la posibilidad de tener acceso a la justicia, y con ello del ejercicio de la ciudadanía plena, con todo lo que ello implica en desigualdad para las mujeres.
El camino hacia la justica es más bien tortuoso, lejano y desconocido para la mayoría de las mujeres en el país, no solo por la brecha que emocionalmente ha de recorrer para tomar la decisión de emprender una denuncia al ser víctima de un delito; el camino se alarga por los factores que intervienen como la imposibilidad de pagar un representante legal y la existencia de defensorxs públicos sin compromiso, de poco conocimiento, interés o en el mejor de los casos pese a superar todos estos obstáculos la carga individual de trabajo les imposibilita dar un acompañamiento efectivo.
Es creciente la cantidad de mujeres que requieren asistencia y acompañamiento por no saber cómo iniciar una demanda, para interponer amparos y para acceder a servicios, y contrariamente en muchas instituciones de atención a los derechos de las mujeres existe más preocupación por la defensa de los derechos humanos de quienes cometen las agresiones, olvidándose del principio de atender los derechos de las víctimas.
En medio de esta dificultad la violencia institucional constituye el otro gran obstáculo que se hace insalvable para la mayoría de las mujeres que están lejos de encontrar en la figura del Ministerio Público a un fiscal que defienda a las víctimas, y en la gran mayoría de los casos las reciben con preguntas inquisidoras respecto a su sexualidad, su identidad, sus hábitos y estilos de vida, la denuncia se convierte en un calvario para ellas casi equiparable a una forma de tortura, en el que se juzga a la víctima y no al delito, y con un total desconocimiento de las leyes que protegen a las mujeres, pero también con falta de voluntad para hacerlo.
El acceso a la justicia para las mujeres se aleja así más, precisamente por factores socio-culturales como es el desconocimiento de los derechos humanos en un país en el que hay escaso interés por el respeto a estos, en un escenario social en el que prevalece el temor a la figura de los policías, los ministerios públicos, las y los servidores públicos, médicos, enfermeras bien fundada en los malos tratos que derivan en la violencia institucional y el menoscabo de los derechos.
El sistema de justicia en el país parece entonces hecho para aquellos que pueden pagar un abogado y/o que pueden recurrir a conocidos que les ayuden a obtener sentencias favorables mediante “consejos” o “recomendaciones” que sirven para recibir citas oportunas, que los casos sean considerados prioritarios o que los funcionarios les apoyen con trámites “expeditos”, esto por supuesto no aplica a las personas que viven en condición de pobreza cuya justicia es postergada, mucho menos para las mujeres que permanecen en las salas de espera, a las que se les pide “testigos” y cuya palabra no es suficiente para iniciar investigaciones pero que por el contrario si son señaladas prontamente la policía acude a detenerlas aunque se trate de una botella de agua.
@argentinamex