El tendedero

miércoles, 2 de junio de 2010

CUARTO PODER

La última palabra

Argentina Casanova

Que en México como Estado laico y democrático el papel de las instituciones religiosas debe ceñirse en todo momento al respeto irrestricto a las leyes civiles que nos gobiernan pues ninguna “Ley natural” puede estar por encima de las leyes civiles que los mexicanos nos hemos dado”.

Declaración Benémérito de las Américas, Oaxaca 2009.

Esta semana, la agrupación nacional denominada Católicas por el Derecho a Decidir puso el dedo en una “llaga visible y muy purulenta” en nuestra sociedad: el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo bajo condiciones extremas y lo que dice el derecho canónico de la Iglesia Católica con respecto a este tema.

Empezamos este comentario con un argumento que va más allá, la postura fijada por el Senado de la República

En la Declaración Benemérito de las Américas, que de alguna forma sintetiza todo el pensamiento laico mexicano, pero que desafortunadamente es letra muerta en nuestro país por el retroceso en los derechos humanos fundamentales de las personas frente a las embestidas de la derecha conservadora que llevó a la Suprema Corte de Justicia a una polémica por el uso de la píldora del día siguiente para discutir si era o no “abortiva” en los términos más recalcitrantes. Algo que afortunadamente los ministros dejaron sin argumentos por la contundencia de la votación a favor de su uso y responsabilizar a las instancias de salud en los estados de otorgarla como un derecho de todas las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales.

Faltaba más que además de vivir la desgracia de ser víctimas de la violencia social y de género que avanza como un veloz cáncer en la sociedad, las mexicanas tuvieran que afrontar la violación de un sistema religioso que las obligara a tener hijos producto de esas agresiones.

Pero no es cosa del sistema político que auspició y permitió en un acuerdo electoral a cambio de la decisión de millones de mujeres, para legislar acerca de la condición divina de la concepción como sinónimo del derecho a la vida, ni exclusivamente de las iglesias –que no sólo la católica- también las demás religiones, grupos de creyentes, de fe o como quieran llamarles también condenan el aborto a rajatabla en la mayoría de los casos, es cosa de un país que no es capaz de garantizarle a las mujeres el acceso a los métodos de prevención. Es también cosa de un país que no ha sabido implementar un sistema de salud y atención para garantizar a todas las mujeres el ejercicio pleno del derecho a la reproducción y a la sexualidad de manera segura, partiendo de leyes que no la discriminen ni la juzguen de antemano por sus conductas sexuales.

En la campaña presentada por la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir, la cual estará disponible ante la opinión pública no busca transgredir nada ni a nadie, viene a ofrecer a las mujeres católicas una alternativa de información y no la cerrazón y condena sin posibilidades, la ex comunión y con ello la pérdida de la fe.

La campaña está basada en los argumentos que sí permiten la Interrupción del Embarazo desde una óptica religiosa y que considera varios excluyentes necesarias de ser difundidas y conocidas, para que no se confunda la sociedad y en especial las mujeres y hombres católicos que se han visto en la necesidad de una práctica así o que están en proceso de tomar la decisión.

Los argumentos estarán siendo promovidos, difundidos y cualquier persona podrá recibir la información consultando la página web www.catolicasmexico.org, pero un aspecto muy loable de la campaña es también el reconocimiento del efecto que tiene en la sociedad el que la Iglesia o las iglesias influyan en las políticas públicas para penalizar la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia.

La campaña, a realizarse en varios estados del país busca “que las mujeres tengan oportunidad de contar con más información sobre lo que realmente dicen las normas de la iglesia”, pero sin duda también abre infinitas posibilidades para las agrupaciones de mujeres que impulsan la despenalización por otras causas, y lo que es mejor el replanteamiento de las “leyes divinas o naturales” en un sistema jurídico laico.

El pronunciamiento de católicas es muy claro en ese sentido “los gobiernos tienen la responsabilidad de proveer las mejores condiciones posibles para que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, basados en evidencia científica y respetando la pluralidad de opiniones que existen en México acerca de estos temas. Tiene también la obligación de impedir que alguna creencia religiosa influya en las decisiones de políticas públicas, sobre todo en las que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres, específicamente sus derechos sexuales y reproductivos”.

En tiempos tan difíciles para el país, para el mundo en los que la intolerancia y la discriminación son el pan nuestro de cada día, estas acciones esperan encontrar eco en la tolerancia, en el principio del respeto a las divergencias. Y, volviendo a la Declaración Benemérito de las Américas promulgadas por el Senado de la República para preservar el estado laico en México: Que los gobernantes deben ser, en consideración al pensamiento Juarísta, los primeros en dar ejemplo de neutralidad religiosa renunciando en todo momento a cualquier intento de legitimizar sus decisiones políticas en base a principios religiosos”.

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