Argentina Casanova
…el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber de la
fuente clara del honor
Alfredo Zitarrosa/Adagio
a mi país
La violencia institucional es considerada “la más grave”,
pues su viabilidad se debe a la impunidad, resume un documento publicado por el
especialista Elías Dobry en 2004, retomado por Proceso y Cimac para una
publicación sobre el tema. El texto resume que “La forma en la que se
materializa este tipo de violencia es la discriminación que se da tras los
actos omisos de algunos servidores públicos, la dilación en la atención de la
violencia hacia las mujeres y la obstaculización de la verdad histórica en los
casos de feminicidio hacen inaccesible la procuración de justicia”.
En la calle, en la realidad diaria, ahí en donde no alcanzan
a leerse estas publicaciones y mucho menos a “permear” las políticas públicas
de igualdad o de transparencia y la contraloría social, en el día a día, lo
común son instituciones que suelen funcionar en sus estructuras más básicas -en
los municipios- como un sistema de oposición férrea al ejercicio de los
derechos de la ciudadanía. No es un tema abstracto, es lo que enmascara la
causa y efecto de la negativa, por omisión, ignorancia o simplemente por falta
de voluntad de atención o de hacer solo lo que les toca hacer, y que deriva en el
menoscabo de los derechos de las personas en el territorio nacional.
Es posible que este fenómeno esté presente en otros países,
pero el que conozco a fondo y en forma suele estar en las comunidades más
apartadas con mayor claridad; sólido, de una estructura tan férrea y bien
definida que se vuelve casi –casi, aclaramos- imposible derrumbar,
desarticular, desmembrar y por consiguiente hacer valer o permitir el ejercicio
de los derechos de las y los mexicanos, como el derecho a la justicia como
pieza fundamental de la ciudadanía plena.
La
primera tarea del Estado Mexicano es re-conocer la violencia institucional como
una violación a los derechos humanos, de competencia y responsabilidad,
entender en qué consiste y sus múltiples formas. No hablamos solamente de la
forma tácita de violación a los ddh cuando se niega el acceso a un servicio, a
un juicio justo, a un proceso penal adecuado, a los procedimientos, también se
da en la forma más grave que es la omisión y que parece ser epidemia actual en
muchas instituciones cuando las y los servidores públicos simplemente se niegan
por desconocimiento o negligencia a prestar un servicio que forma parte de sus
tareas conforme a la normatividad y las leyes de sus propias instituciones.
Ejemplo: No brindar servicio médico a una persona que acude a un hospital, no abrir
un expediente por violencia sexual contra una menor cuando la madre o padre
acude a solicitar información, negarle la asesoría jurídica o no ofrecérsela a
quien lo requiere por plantear una problemática donde hay violación de
derechos.
El
alcance es grave. En general en el país la percepción de la ciudadanía es que
acudir a una institución no le representa o ha dado alguna alternativa, y por
el contrario encuentra una serie de obstáculos como respuestas negativas
constantes. Servidorxs públicas entrenadas para decir: no se puede, así no es,
pero nunca para dedicar la décima parte del tiempo que emplean para explicar
por qué no se puede o postergar la atención, para ofrecer una alternativa. No
importa ante quién o quiénes acuda, la respuesta será más o menos la misma. La
percepción de la ciudadanía es que nada pasará, nada se resolverá, que tramitar
algo implica tener mucha paciencia, voluntad o recurrir a un “contacto” para
avanzar algo.
Lo
grave de la violencia institucional es que deriva en violaciones a los derechos
de todas las personas, a un Estado inexistente desde sus propias instituciones
que al negar ser solución se convierten en obstáculo; en la omisión violan o
contribuyen a agravar la condición, postergan, retrasan, impiden, niegan el
acceso a la justicia, lo aplazan o simplemente contribuyen a que otrxs actores
ocupen ese vacío con violencia directa.
Es
un reto a la paciencia, pero hay que insistir, buscar, tocar puertas,
presionar, promover quejas contra servidorxs públicos que omitan o que violen
los derechos de la ciudadanía, demandar las sanciones correspondientes. No
tolerar que sean cambiados de un sitio y puestos en otro, como ha ocurrido con
docentes cuando son acusados por violencia sexual. La tarea es hacernos todas y
todos defensorxs, presionar lenta pero constante hasta formar una ciudadanía
que demande al Estado cumplir, e investigar y sancionar la violencia
institucional.
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