QUINTO PODER
Argentina Casanova
La pobreza, ser mujer y el acceso a la justicia
Si algo es difícil de medir es la satisfacción de
las personas usuarias de los sistemas de justicia en el país. Hay un consenso
general de que algo no está funcionando en México y el nivel de satisfacción de
los resultados es una cifra difícil, ligado en gran medida a la percepción de
que el daño recibido no es reparado.
De acuerdo con el Informe de Indicadores sobre el
derecho a un juicio justo del Poder Judicial del Distrito Federal, los usuarios varones del TSJDF que fueron parte de un juicio y
habían tenido una sentencia, sintieron que sus daños fueron reparados en mayor
medida (33.5%) en comparación con lo que expresaron las mujeres (25.3%).
En el estado de Campeche por ejemplo, en
una encuesta aplicada en 2010 se obtuvo un dato importante, la percepción de
las mujeres respecto a las instituciones que las atienden es que las “atienden”
pero no representan una solución al problema que plantean, en el Diagnóstico
2013 de adolescentes y mujeres jóvenes el 40% de las encuestadas revela que si
bien ha vivido una situación de violencia, no lo denuncia porque no sabe a dónde
acudir.
Apenas hace unos días se dio a conocer de acuerdo
con la Encuesta de Victimización del Inegi, el
60% de los casos que se consignan y en los que se obtiene sanción tienen que
ver con éxitos menores, principalmente robos por montos menores a dos mil pesos
y que corresponden a los que se cometen en tiendas de autoservicio. Algo
similar a lo que ocurrió el fin de semana con la niña indígena en el estado de
Guerrero, detenida por elementos de policía turística que acudieron al llamado
del personal de la empresa. En contraparte, si una persona de escasos recursos,
indígena, morena y/o de la zona rural o marginada de las ciudades, presenta una
denuncia las posibilidades de que el hecho sea investigado y obtenga una
sentencia favorable son muy remotas.
Y nuevamente el
balance es: ser pobre, ser mujeres y ser víctima aleja de la posibilidad de
tener acceso a la justicia, y con ello del ejercicio de la ciudadanía plena,
con todo lo que ello implica en desigualdad para las mujeres.
El camino hacia la
justica es más bien tortuoso, lejano y desconocido para la mayoría de las
mujeres en el país, no solo por la brecha que emocionalmente ha de recorrer
para tomar la decisión de emprender una denuncia al ser víctima de un delito;
el camino se alarga por los factores que intervienen como la imposibilidad de
pagar un representante legal y la existencia de defensorxs públicos sin compromiso,
de poco conocimiento, interés o en el mejor de los casos pese a superar todos
estos obstáculos la carga individual de trabajo les imposibilita dar un
acompañamiento efectivo.
Es creciente la
cantidad de mujeres que requieren asistencia y acompañamiento por no saber cómo
iniciar una demanda, para interponer amparos y para acceder a servicios, y
contrariamente en muchas instituciones de atención a los derechos de las mujeres
existe más preocupación por la defensa de los derechos humanos de quienes
cometen las agresiones, olvidándose del principio de atender los derechos de
las víctimas.
En medio de esta
dificultad la violencia institucional constituye el otro gran obstáculo que se hace
insalvable para la mayoría de las mujeres que están lejos de encontrar en la
figura del Ministerio Público a un fiscal que defienda a las víctimas, y en la
gran mayoría de los casos las reciben con preguntas inquisidoras respecto a su
sexualidad, su identidad, sus hábitos y estilos de vida, la denuncia se
convierte en un calvario para ellas casi equiparable a una forma de tortura, en
el que se juzga a la víctima y no al delito, y con un total desconocimiento de
las leyes que protegen a las mujeres, pero también con falta de voluntad para hacerlo.
El acceso a la
justicia para las mujeres se aleja así más, precisamente por factores
socio-culturales como es el desconocimiento de los derechos humanos en un país
en el que hay escaso interés por el respeto a estos, en un escenario social en
el que prevalece el temor a la figura de los policías, los ministerios
públicos, las y los servidores públicos, médicos, enfermeras bien fundada en
los malos tratos que derivan en la violencia institucional y el menoscabo de
los derechos.
El sistema de
justicia en el país parece entonces hecho para aquellos que pueden pagar un
abogado y/o que pueden recurrir a conocidos que les ayuden a obtener sentencias
favorables mediante “consejos” o “recomendaciones” que sirven para recibir
citas oportunas, que los casos sean considerados prioritarios o que los
funcionarios les apoyen con trámites “expeditos”, esto por supuesto no aplica a
las personas que viven en condición de pobreza cuya justicia es postergada,
mucho menos para las mujeres que permanecen en las salas de espera, a las que
se les pide “testigos” y cuya palabra no es suficiente para iniciar
investigaciones pero que por el contrario si son señaladas prontamente la
policía acude a detenerlas aunque se trate de una botella de agua.
@argentinamex
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